Los acusados son los prefectos, Carlos Sosa, Sergio García, Juan Obregón, Sergio Cavia y Francisco Javier Pintos, a los que la fiscalía imputó como coautores de homicidio por exceso en legítima defensa. Es por eso que el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, quien se presenta como querellante intentará demostrar que fue un asesinato calificado, ya que en las pericias realizadas se hallaron más de 130 los proyectiles de plomo de arma de fuego que fueron disparados por los agentes de Prefectura, en el lugar del hecho y que el disparo que terminó con la vida de Nahuel ingresó por uno de sus glúteos. Esto da a entender que estaba escapando y es por eso que no se pudo comprobar la hipótesis de que hubo un enfrentamiento con los integrantes de la comunidad, por lo tanto si no se puede comprobar el enfrentamiento, tampoco existiría la "legítima defensa".

Los abogados de la familia de Rafael Nahuel, Ezequiel Palavecino y Rubén Marigo, manifestaron que durante el procedimiento también fueron heridos dos miembros de la comunidad hicieron mención a la cantidad de proyectiles hallados y que esto "demuestra la falta total del enfrentamiento invocado para justificar el asesinato". También hicieron mención a la negativa de la Justicia de Bariloche a realizar las audiencias del juicio en la ciudad de Bariloche, donde vive la familia del joven asesinado y en cambio determinar realizarlas a mil kilómetros de distancia en la localidad de Fiske Menuco, en la ciudad de General Roca, manifestando que "deberemos trasladarnos mil kilómetros de ida y vuela a Fiske Menuco en forma semanal con los costos y tiempo que ello representa".

Por su parte, el secretario de Derechos Humanos declaró hoy ante un matutino que en este juicio "se va a resolver si, dentro del Estado de derecho, está habilitada una fuerza de seguridad para perseguir y asesinar por la espalda a quienes consideran que cometieron un delito, o bien, si los tienen que detener y llevarlo ante la autoridad judicial, que es lo que creemos que debería suceder".

Del juicio está previsto que declaren unos 90 testigos, entre policías, prefectos peritos y miembros de la comunidad mapuche.

El asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel, de 22 años, se produjo el 25 de noviembre de 2017 , mientras participaba junto a su comunidad Lafken Winkul Mapu, de una toma de tierras en la localidad de Villa Mascardi, (a 35 kilómetros de Bariloche), cuando fue violentamente desalojado por la Prefectura Naval Argentina, mediante el uso de balas de plomo por parte de la fuerza. Uno de esos proyectiles, disparado por el prefecto Sergio Cavia, ingresó por el glúteo mientras que, según indican las pericia, el joven escapaba y comprometió órganos vitales, quitándole la vida.