La Fiscalía General de Perú presentó una denuncia constitucional contra Dina Boluarte

La Fiscalía General de Perú presentó una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por la causa que investiga la muerte de más de 40 personas durante las protestas que sacudieron al país en diciembre de 2022, a inicios de la administración de la mandataria.

Acorralada por el Rolexgate, el escándalo de corrupción que involucra relojes de lujo y joyas, Dina Boluarte deberá enfrentar una nueva acusación por parte del Ministerio Público peruano que investiga las muertes producto de la brutal represión contra las protestas desatadas en los comienzos de la administración de la jefa estado andina.

Dina Boluarte muestra sus joyas en cadena nacional.

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La acusación contra la mandataria Es sobre los presuntos delitos de homicidio calificado, lesiones graves y leves sobre las más de 40 personas fallecidas y el centenar de ciudadanos que resultaron heridos durante las manifestaciones. Por otro lado, el mismo Ministerio Público decidió archivar la imputación de genocidio contra la jefa de estado ya que considero que no existen elementos suficientes para elevar esa acusación.

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Protestas en Perú a inicios del Gobierno de Boluarte.

En esa sintonía un informe de Amnistía Internacional publicado semanas atrás cuestiona el conocimiento que tenía la mandataria sobre la salvaje represión llevada a cabo por las fuerzas de seguridad. "(Boluarte) se reunió varias veces con los comandantes de las Fuerzas Armadas y la Policía, lo que le dio múltiples oportunidades para condenar el uso ilegítimo generalizado de la fuerza y ordenar un cambio de táctica en terreno. Sin embargo, en lugar de utilizar sus frecuentes reuniones para este fin, continuó elogiando públicamente a las fuerzas de seguridad mientras vilipendiaba a las personas manifestantes como "terroristas" y "criminales," sin brindar pruebas de ello. Además, en vez de pedir cuentas a sus subordinados, decidió ascender a funcionarios clave a puestos más altos, aunque supervisaban directamente las operaciones policiales y militares que causaron múltiples muertes", señalaron.

Si bien la acción representa un avance en lo que concierne a la búsqueda de justicia por las muertes producto de la represión policial, lo cierto es que existe un marcado escepticismo sobre la posibilidad de que la presentación continúe su curso correspondiente y la mandataria comparezca ante la Justicia.