La ONU acusó al Gobierno de Maduro de cometer crímenes de lesa humanidad

La Misión Internacional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Venezuela, presentó un informe de 158 páginas en donde denunció que las fuerzas de seguridad y grupos civiles armados afines al Gobierno de Nicolás Maduro estarían involucrados en asesinatos, desapariciones forzadas, actos de tortura y violencia sexual y de género.

El documento reportado por la misión del organismo abarca el período que va desde el 1 de septiembre de 2023 al 31 de agosto de 2024, y señala que las fuerzas de seguridad estuvieron "involucradas masivamente" en estos hechos de violaciones a los derechos humanos, en donde también se detallan las detenciones arbitrarias y el uso excesivo de la fuerza para reprimir protestas, entre otras acciones. El informe hace responsables de los hechos a los servicios de inteligencia civil (SEBIN) y militar (DGCIM), así como a la Guardia Nacional Bolivariana y a la Policía Nacional.

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Protestas en Venezuela tras las elecciones del pasado 28 de julio.

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Otras instituciones señaladas en el informe son el Consejo Nacional Electoral, que "incumplió las medidas básicas de transparencia e integridad", la Asamblea Nacional, "instrumental en la aprobación de nuevas leyes contrarias a los derechos humanos y restrictivas del espacio cívico y democrático", o el sistema de justicia, que "siguió operando con falta de independencia".

En tanto, la misión de la ONU indicó que la represión se incrementó de forma notable tras los resultados de las elecciones presidenciales que dieron como ganador a Nicolás Maduro, aunque desde la oposición sostuvieron que fueron ellos los vencedores con más del 80% de los votos a su favor.

En el contexto electoral los abusos también fueron sufridos por "ciudadanos comunes, simplemente por demostrar su desacuerdo con el Gobierno o con los resultados de las elecciones presidenciales anunciados por las autoridades", indicó.

La misión que preside la jurista portuguesa Marta Valiñas destaca en el informe que, en los 10 meses anteriores a las elecciones, al menos 48 personas fueron detenidas en relación con conspiraciones invocadas por el Gobierno, muchas de ellas en la llamada operación Brazalete Blanco, y en la campaña electoral hubo otras 121 detenciones por colaborar en actividades de la oposición.