El Salvador vuelve a prorrogar el estado de excepción, que ya lleva 28 meses en vigencia

Con 57 de 60 votos a favor, el Congreso de El Salvador aprobó una nueva prórroga del estado de excepción en el país, que ya lleva 28 meses de vigencia desde su aprobación en marzo de 2022, y que se ha convertido en el principal instrumento utilizado por el reelecto Nayib Bukele en su guerra contra las pandillas.

De esta manera, el estado de excepción volvió a ser prorrogado entre el 10 de junio hasta el 9 de julio de 2024, en todo el territorio nacional. Entre los votos negativos a la prórroga se identifican los congresistas pertenecientes a ARENA (Alianza Republicana Nacionalista) y la única diputada que logró ingresar a la Asamblea Nacional por el partido VAMOS.

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El estado de excepción en El Salvador contempla el despliegue de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior.

Se trata de la primera prórroga del régimen de excepción tras la reelección obtenida por el mandatario Nayib Bukele, que logró cosechar más del 85% de los sufragios en los comicios de febrero pasado, En este sentido, esta medida resulta fundamental en la estrategia de seguridad y control diseñada por el gobierno salvadoreño, que enfrenta fuertes críticas de las organizaciones de derechos humanos, que acusan a las fuerzas de seguridad de haber llevado a cabo detenciones arbitrarias y haber cometido excesos durante la vigencia de esta normativa.

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En ese sentido, el gobierno de Bukele también ha abogado por endurecer el castigo de distintos delitos mediante reformas al Código Penal que convierten el delito de la pertenencia a pandillas, que conlleva penas de 20 a 40 años de prisión, mientras que los líderes de las mismas pueden recibir condenas de hasta 60 años.

Reclusos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la "megacárcel" de Nayib Bukele.

No obstante, y a pesar de las críticas formuladas por los organismos defensores de los derechos humanos, el Gobierno de Bukele logró disminuir las estadísticas de homicidios en El Salvador que pasaron desde su máximo en 2015, (con una marca de 6.656 crímenes, con una tasa de 106 muertes violentas por cada 100.000 habitantes), a 214 homicidios en el 2023, entre ellos, 38 muertes de presuntos pandilleros en supuestos enfrentamientos con policías o militares.