Brasil: Bolsonaro admitió que estuvo a punto de ordenar una intervención militar en 2022

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, admitió este jueves que estudió la posibilidad de ordenar una intervención militar, tras las elecciones en las que se impuso Luis Inácio Lula da Silva, y defendió que su medida hubiese estado amparada por la constitución. "¿Discutir uno de los artículos de la Constitución es un crimen? ¿Se llevó adelante alguna de esas posibles propuestas?", manifestó.

Luego de que la Policía Federal de Brasil acusara al líder conservador de planificar y participar activamente del plan que buscaba evitar la asunción de Lula da Silva en 2023, el exmandatario negó dicha acusación aunque defendió las medidas que consideró aplicar tras las elecciones en las que se impuso el líder de centroizquierda."El 'borrador del golpe' se basa en la Constitución. (...) ¿Discutir uno de los artículos de la Constitución es un crimen? ¿Se llevó adelante alguna de esas posibles propuestas?", expresó Bolsonaro.

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Entre las medidas que Bolsonaro consideró aplicar se encuentran la declaración de un estado de sitio, y la orden de un despliegue militar, todas ellas (de acuerdo a lo que figura en el 'borrador' del Golpe) con el fin de "restaurar" el orden constitucional del país.

El expresidente de Brasil se encuentra inhabilitado por 8 años para participar en elecciones.

De esta manera, el líder conservador planteaba justificar el despliegue de tropas en el país en base a las decisiones tomadas por el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior Electoral tras la victoria de Lula en los comicios, a las que consideró como "inconstitucionales".

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No obstante, Bolsonaro rechazó tajantemente haber tramado un golpe de Estado y negó conocer los planes supuestamente llevados a cabo por militares para asesinar a Lula y al magistrado del Supremo Alexandre de Moraes, quien está a cargo de varias causas contra Bolsonaro.

Además de Bolsonaro, la Policía presentó cargos contra otras 36 personas, entre ellas varios militares de alto rango y antiguos ministros de su Gobierno, por cargos como abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado y asociación ilícita.