El mismo se presentará antes de que el año finalice, por lo que se estableció este jueves, que dicho documento comenzará a labrarse.
La Comisión Permanente del Congreso de Perú, estableció que se tramitará la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación contra el mandatario, Pedro Castillo, por corrupción. Asimismo, dio un plazo de 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, para presentar su informe final respecto a la causa que implica al presidente del país.
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La denuncia constitucional contra Castillo, se dio en el marco democrático, tras establecerse 19 votos a favor, 3 en contra y 9 abstenciones. Con lo cual la Comisión Permanente, habilitó la denuncia constitucional contra el mandatario. El mismo, fue señalado por presunta organización criminal dedicada a entregar licitaciones fraudulentas de obras a cambio de dinero.
Entre tanto, dicho espacio es liderado por el presidente del Congreso, José Williams, quien aprobó en una rápida votación, conceder 15 días hábiles para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales investigue y presente su informe final sobre dicha denuncia. Entre tanto, el pasado 16 de noviembre, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso ya admitió a trámite la denuncia, por lo que entró en etapa probatoria.
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Asimismo, si el informe final pasa a la Comisión Permanente, este iría a votación, para que de esta manera prospere; sin embargo, para ello necesitará del apoyo de más de la mitad de los legisladores. Dicho recorrido no concluye allí, puesto que si el pleno aprueba la acusación constitucional, se levantará la inmunidad presidencial. De esta manera la denuncia regresa a la Fiscalía para que presente una acusación formal ante el Poder Judicial.
Para Castillo esta denuncia es considerada una “nueva modalidad de golpe de Estado”, por lo que el Ejecutivo defiende que el artículo 117 de la Constitución establece que el presidente solo puede ser acusado, durante el ejercicio de sus funciones, por cuatro casos concretos. En estos mismos se señala, traición a la patria o impedir las elecciones, pero no por delitos de corrupción o comunes.
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Sin embargo, también está presente el artículo 30 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que defiende la fiscal general Patricia Benavides. Por su parte, el Tribunal Constitucional ordenó el pasado martes, anular otro proceso de denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo. En el cual, plantea habilitar al mandatario por cinco años por “traición a la patria” al haber declarado que su país podría facilitar una salida al mar para Bolivia.
Cabe señalar que, el alto tribunal votó a favor de los cuestionamientos planteados por la defensa del gobernante. Tras considerar, entre otros motivos, que el informe final que plantea la inhabilitación de Castillo “no es acorde con parámetros de racionabilidad” y “vulnera el principio de interdicción de la arbitrariedad e incumple con la debida motivación”.
