Polémico: Un activista de Guatemala habló tras la condena de la fiscal Virginia Laparra 

“Todo estaba hecho para que la condenarán”, manifestó a Diario Latina el activista guatemalteco, Saúl Interiano. La sentencia, a la ex fiscal, Virginia Laparra, causó gran indignación social, y presupone que la jueza resolvió condenarla para evitar represalias de las estructuras criminales. 

Guatemala es un país que según varios de sus pobladores, se encuentra fuertemente golpeado por la corrupción, donde esta se encarga de detener a personas inocentes y a aquellos que se revelen en su contra. Es así que, desde organizaciones nacionales e internacionales, denuncian las constantes criminalizaciones contra jueces, fiscales, magistrados, periodistas y defensores de derechos humanos y la naturaleza. 

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Por otro lado, la reciente sentencia contra Virginia Laparra por denunciar a un juez la condena a 4 años de prisión conmutables y la fortalece como una figura de lucha contra la  opresión y la corrupción. Tras el fallo, un pueblo guatemalteco en el que ha aumentado el miedo, se movilizó dentro y fuera del país para reunir el dinero para pagar la fianza para liberar a la fiscal. Sin embargo existen otros casos inventados, al más fiel estilo de la estrategia de lawfare o guerra de las leyes. 

Una comunidad que exige justicia y la libertad de la ex fiscal.

Aunque para la mayoría de abogados e incluso para la mayoría de personas que no conocen de leyes, el caso contra Virginia Laparra no tiene sustento, la corrupción, en este caso, pesa más, y así lo viven los residentes y activistas que luchan por cambiar las cosas en el país. “Estamos en un momento, en nuestro país, que es muy malo para las organizaciones de sociedad civil, en el que coincidimos que hay un gran retroceso sin precedentes en la democracia y en la justicia”, señaló a este medio Saúl Interiano. 

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Por otro lado, señaló que las acciones que ocurren en el país son similares a las de la guerra, con la diferencia que aunque se siguen asesinando físicamente a líderes, la estrategia está enfocada en “asesinar la personalidad”. Entre tanto, aseguró que lo ocurrido con Virginia Laparra, es movido por el odio y la venganza, materializando contra ella el odio que le tienen a todos los operadores, muchos de ellos en el exilio, que impulsaron una lucha contra la corrupción y la impunidad. En condiciones normales este caso no hubiera ni siquiera pasado de la etapa intermedia, pero ha avanzado hasta una condena. 

Una Justicia atravesada por la corrupción

 “La persecución a Virginia es parte de una de un plan muy metódicamente organizado, podríamos decir incluso militarmente, por la estructura que tiene”, manifestó el activista y agregó que parte desde la expulsión de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) con el apoyo de la cual se lograron avances muy importantes en la lucha contra la corrupción y la impunidad. 

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Virginia Laparra llegando al tribunal.

Tras la salida de la CICIG se operativizó la segunda parte del plan que logró cooptar una a una todas las instituciones, desde el ejecutivo, legislativo, judicial, Ministerio Público, Procuraduría de Derechos Humanos, Corte de Constitucionalidad e incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Universidad de San Carlos. En ese contexto quedó una fiscalía contra la impunidad -FECI- en el Ministerio Público que seguía haciendo su trabajo, pero sin ningún respaldo.  De esta manera la justicia se vio “tomada”  o mejor dicho “retomada” por grupos de poder, mafias y estructuras criminales que se han garantizado riquezas a costa de la corrupción e impunidad,  “Es decir que no hay esperanza de Justicia en este país, porque después de esto comenzaron a perseguir a jueces, magistrados y fiscales”, manifestó.

La persecución se enfocó en aquellos jueces y fiscales que llevaban casos de corrupción, estructuras paralelas y crímenes de lesa humanidad que involucraba a militares. Esto obligó a que jueces de reconocida honorabilidad como la jueza Erika Aifán y el Juez Miguel Angél Gálvez, entre otros, tuvieron que salir del país; “En realidad, no iban tras ellos de manera directa, lo que buscan era controlar los casos, por eso después del exilio de los jueces las personas imputadas empezaron a quedar en libertad”, detalló. La persecución también se enfocó en fiscales de la fiscalía especial contra la impunidad -FECI-  como en el caso del jefe de dicha fiscalía, Juan Francisco Sandoval, y otras fiscales, como Virginia Laparra y Samari Gómez.

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El caso de la fiscal que se animó a denunciar la corrupción

Ante tantas injusticias,  varios jueces y fiscales (antes de verse obligados a exiliarse) dieron batalla contra la corrupción e impunidad. Con lo cual, le hicieron frente a las estructuras criminales y buscaron la forma de que se expusieron ante la justicia. 

El día del juicio contra la ex fiscal de Guatemala.

El caso de Virginia Laparra tiene como antecedente la denuncia interpuesta por el CICIG, en el año 2017, contra el entonces juez Lesther Castellanos, porque dudaban de su imparcialidad y que filtraba información. En venganza el juez denunció penalmente a Virginia Laparra. La ex fiacal realizó 4 denuncias administrativas contra el mismo. El ministerio público desestimó la denuncia contra Virginia, hasta que el juez se apoyó en otro amigo magistrado, Sergio Mena, para que ordenara la captura de Virginia Laparra, un día antes de la audiencia en la que se debía decir si tenía competencia para conocer el caso, según señalo Saúl.

Asimismo, para lograr su propósito el ex juez se alió con la fundación contra el terrorismo, una organización que hace el rol de operadora en la criminalización de las personas que lucharon por la justicia, quien se querelló en el proceso. Otro actor que se querelló fue Omar Barrios, un abogado con vínculos con el presidente de la república y una magistrada de la corte de constitucionalidad, también afín al mandatario, manifestó el activista.

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Entre tanto, según la línea relatada, por Saúl, Omar Barrios es amigo de Lesther Castellanos y  posiblemente una de las personas a la que este le filtraba información. Durante la audiencia Omar Barrios fue testigo.  “La verdad es que daba escozor oírlo decir que él intentó ayudar a Virginia Laparra, cuando lo que hizo fue llegar a su oficina a amenazarla y a darle ordenes, lo cual quedó grabado en un audio”, recordó.

Residentes de Guatemala empapelaron el tribuna y exigieron justicia.

Desde entonces, todos los personajes involucrados comenzaron a ser parte de un juicio, que finalizó hace unos días y dejó a la fiscal Virginia Laparra detenida con una condena de 4 años. A juicio del defensor de derechos humanos la jueza no le dio validez a pruebas solidas de la defensa y si le dio validez a pruebas débiles de los acusadores. A juicio del defensor otro error en la condena es que a juicio de la juzgadora Laparra hubiera podido hacer todas las denuncias como ciudadana, pero no como funcionaria, lo cual no es así porque la legislación guatemalteca obliga a los funcionarios a denunciar los delitos de los que tengan conocimiento y si no lo hacen incurren en el delito de omisión de denuncia.

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El fundamento de la jueza fue que Virginia Laparra actuó sin el consentimiento de su jefe inmediato, Juan Francisco Sandoval, sin embargo no le dio validez a los oficios que le fueron entregados oportunamente por Virginia. En el proceso el jefe de la FECI sería uno de los testigos sin embargo le interpusieron obstáculos para evitar su testimonio. 

La libertad en Guatemala: un arma de doble filo

Según detalló el activista, Virginia Laparra, fue condenada por hacer lo correcto, por hacer su trabajo. El impacto de la condena va más allá de este caso y de ahora en adelante los funcionarios tendrán más miedo a denunciar. 

Pareciera que el objetivo de los acusadores y querellantes es mantener presa a Virginia, por lo cual expresa el defensor que fue burdo ver cuando tuvo una oportunidad de que la jueza Oly Gonzales la dejara en libertad y de manera expedita el ministerio público, coludido con el acusador y los querellantes, tramitaron una nueva orden de captura. Entonces en las afueras del juzgado ya la estaban esperando para capturarla de nuevo si la jueza la dejaba en libertad. 

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Una gran convocatoria tuvo lugar en la región.

Otro elemento relevante del caso es que es evidente la misoginia, la violencia y el machismo, no solo en la cantidad de hombres contra Virginia Laparra, un total de 8, sino también en actitudes, burlas e insultos hacia la fiscal. “Les molesta que una mujer los haya enfrentado con tanta valentía” , expresó el defensor. 

Mientras la justicia no llega, Virginia es una mujer que sufre por estar detenida, lejos de su familia, pero a la vez es una mujer muy fuerte, así como un grupo de mujeres valientes que también están siendo criminalizadas por estas mismas estructuras. “Hay que tener en cuenta de que, quiénes son las que están sosteniendo la lucha por la justicia en Guatemala, la mayoría son mujeres, ellas son la cara de lucha por la justicia en Guatemala”, señaló. 

A pesar del miedo que hay en la sociedad guatemalteca, mucha gente sigue esperando que las personas están el exilio puedan volver, pero antes debe volver la justicia, y la democracia.

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