Ecuador: Corte Constitucional analiza despenalización del aborto

El Movimiento Nacional Justa Libertad presentó una demanda ante la Corte Constitucional del Ecuador con el objetivo de declarar inconstitucional el artículo 149 del Código Penal que sanciona con entre seis meses y dos años de prisión a la mujer que decida practicarse un aborto.

Si bien el país sudamericano ha despenalizado en el 2022 el aborto únicamente en los casos de violación, la presentación realizada por el colectivo de organizaciones feministas pretende que se eliminen los criterios que limitan el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. En este sentido, desde el movimiento Justa Libertad indicaron que "el delito es ineficiente, genera injusticia social porque afecta principalmente a las mujeres más vulnerables y marginadas, y genera un grave problema de salud pública porque expone a las mujeres, niñas y personas gestantes a abortos inseguros. Además, la existencia de este delito nos impone a partir del derecho penal el mandato de la maternidad".

La actual legislación, además de castigar a la mujer que decide someterse a un aborto, castiga con uno a tres años de prisión a la persona que colabore en la realización del mismo. En tanto, además de la causal por violación, en Ecuador se puede acceder a un aborto si el embarazo que cursa la mujer representa un peligro para su vida.

En ese marco, Ana Vera, la portavoz de Justa Libertad indicó que "la existencia del delito genera que el sistema de salud sea un espacio hostil para las mujeres, donde hay mucho estigma y juzgamiento, donde existen barreras institucionales en los servicios de salud, barreras personales de los profesionales, maltrato, violencia y criminalización".

De acuerdo a los datos brindados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de 7 mujeres ecuatorianas por hora se ven obligadas a practicarse un aborto en condiciones que ponen en riesgo su salud. Por otro lado, cifras de la Fiscalía General del Ecuador reflejan que en los últimos 10 años 493 personas fueron imputadas por el delito de aborto, de las cuales más del 60% eran mujeres.

"Creemos que esta es una demanda justa y que está dentro de un marco democrático porque eliminar el delito de aborto no va a obligar a ninguna persona a abortar, lo que va a hacer es que quienes decidamos hacerlo lo podamos hacer en unas condiciones dignas, justas, seguras, garantizando el ejercicio de una ciudadanía plena, en el marco de la justicia social y de un país que garantiza la dignidad para todas las personas", manifestó Vera.