Guatemala: continúa la persecución judicial de la Fiscalía General

La Fiscalía General de Guatemala pidió retirar la inmunidad a los miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por supuestas "irregularidades" en la adquisición del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales, utilizados durante la jornada de votación de la primera vuelta y del balotaje de las elecciones presidenciales.

De acuerdo a lo fundamentado por el Ministerio Público Fiscal de ese país centroamericano, los magistrados del TSE incurrieron en "abuso de autoridad, fraude e incumplimiento de deberes", por lo que el organismo dirigido por Consuelo Porras, pide que se investigue a los miembros del tribunal.

La denuncia en cuestión refiere a la suscripción del contrato por parte del TSE en donde se adquiere el programa informático que se encargaría del conteo provisorio de votos. De acuerdo a lo denunciado por el Ministerio Público se cometió un fraude al contratar a una empresa que ofrecía un mayor precio que la competencia.

A raíz de las irregularidades denunciadas por el organismo dirigido por Porras es que se solicitó la quita de inmunidad a los magistrados del TSE, aunque no es la primera vez que desde la Fiscalía General se apunta contra ese tribunal. Anteriormente, habían solicitado la quita de inmunidad por la inscripción irregular de un candidato a diputado que no participó del acto eleccionario, y por la denuncia de fraude llevada a cabo por la excandidata presidencial Sandra Torres, rival de Arévalo en el balotaje.

Este pedido de la Fiscalía General se sucede luego de que el propio Ministerio Público Fiscal allanara la sede del Tribunal Supremo Electoral y realizara la apertura de las cajas que contenían sufragios de la primera vuelta, en un hecho que fue duramente criticado por la comunidad internacional.

En el marco de las actuaciones realizadas por la Fiscalía General del país centroamericano, ha sido la propia Organización de los Estados Americanos (OEA) quién ha reclamado el cese de la persecución judicial por parte del organismo público al Movimiento Semilla, el partido del Presidente electo, Bernardo Arévalo, por considerar que la investigación impulsada por Porras y compañía "carece de claridad" y tiene claros fines políticos.