Guatemala investigará a más de 100 guardiacárceles por permitir contrabando en "El Infiernito"

Al menos 108 guardiacárceles fueron denunciados por la máxima autoridad penitenciaria guatemalteca, según confirmó el ministro de Gobernación de Guatemala, Francisco Jiménez, por permitir contrabando en el reclusorio de alta seguridad conocido como "El Infiernito", ubicado a 60 kilómetros de la capital del país.

De acuerdo con la presentación realizada por la autoridad guatemalteca, los elementos de seguridad de este centro penitenciario habrían permitido el ingreso a las instalaciones del recinto carcelario de celulares, heladeras, y hasta animales. Cabe mencionar que en la mencionada unidad penitenciaria se encuentran alojados reclusos pertenecientes a la Mara Salvatrucha y a la Mara Barrio 18, quienes fueron trasladados desde otras prisiones hacia "El Infiernito".

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Foto: dos cocodrilos fueron rescatados en el marco de los operativos llevados a cabo para desbaratar la red de contrabando.

"Con estas denuncias reafirmamos que en la actual Dirección General del Sistema Penitenciario no vamos a tolerar más los ilícitos ni el incumplimiento de deberes por parte de nuestro personal", sostuvo el director general del Sistema Penitenciario, Sergio Vela.

Hace sólo una semana atrás la policía de Guatemala logró hacerse con el control de las instalaciones carcelarias en donde halló cocodrilos y zorros, sólo entre algunos de los animales salvajes que se encontraban dentro de "El Infiernito". Además, las autoridades confirmaron que los reos contaban con aire acondicionado, televisores y refrigeradores en su estadía en la prisión.

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Foto; zorros encontrados en "El Infiernito".

En el último tiempo, la violencia y la corrupción dentro de las prisiones guatemaltecas ha ido en aumento, de la mano de una mayor presencia de las pandillas en el territorio nacional y con la falta de aplicación de políticas para combatir al crimen organizado y a las bandas delictivas como Barrio 18 y Mara Salvatrucha que se disputan el control de territorios para exigir el pago de extorsiones a transportistas y comerciantes, entre otros, según lo manifestado por las autoridades guatemaltecas.