Persecución religiosa en Nicaragua tras la disolución y expropiación de una asociación

La dictadura sandinista justificó su ataque a la Iglesia Católica por la supuesta “violación de las leyes” que habría cometido la Asociación Casa Ave María por el vencimiento del mandato de la junta directiva y la falta de presentación de estados financieros.

El régimen de Daniel Ortega en Nicaragua anuló este viernes la personería jurídica de la asociación Casa Ave María, que tenía 33 años de funcionamiento, y ordenó la expropiación de sus bienes. La disolución de esta asociación religiosa, registrada el 25 de julio de 1990, fue aprobada por la Ministra de Gobernación de Nicaragua, María Amelia Coronel Kinloch, según acuerdo ministerial publicado en el Diario Oficial.

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Según el Ministerio del Interior, la ONG fue ilegalizada por “incumplir las leyes” porque el mandato de su directorio expiró el 9 de septiembre de 2022 y no presentó sus estados financieros del ejercicio fiscal de 2019 al 2022. “obstaculizando el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organizaciones No Comerciales” sobre esta cartera.

En cuanto a la liquidación de los bienes del organismo, el Gobierno explicó que la Procuraduría General de la República estaría obligada a realizar la enajenación de bienes muebles o inmuebles a nombre del Estado de Nicaragua.

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Además de la asociación Casa Ave María, la dictadura nicaragüense ilegalizó y ordenó la expropiación de otras organizaciones católicas, entre ellas la Fundación Fraternidad Pobres de Jesucristo, que se dedicaba a servir a los pobres proporcionando comida, vestido y oración, y la Asociación de Hijas del Espíritu Santo, que dirigía una escuela religiosa.

Las relaciones entre la dictadura orteguista y la Iglesia católica atraviesan momentos de gran tensión, marcados por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, la prohibición de la actividad religiosa y la suspensión de relaciones diplomáticas.

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Por su parte,  Estados Unidos exigió la liberación del clérigo nicaragüense Fernando Israel Zamora, canciller de la diócesis de Siuna, quien fue detenido por la policía nacional luego de la misa. El subsecretario de Estado para América Latina, Brian Nichols, también pidió la liberación del obispo Rolando Alvarez, quien se encuentra en la cárcel tras negarse a ser expulsado del país, y de todos los detenidos arbitrariamente.

“Pedimos la liberación del obispo Álvarez, el padre Zamora y todos aquellos que se encuentran injustamente detenidos por ejercer sus derechos humanos y constitucionales como la libertad de religión”, tuiteó Nichols.

El Comisionado del Ministerio de Relaciones Exteriores para las Relaciones con América Latina también condenó la “represión del régimen” en Nicaragua contra la Iglesia. Según trascendió, Zamora fue detenido la noche del domingo luego de asistir a una misa en la parroquia San Luis Gonzaga de Managua, presidida por el cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes.