Según constató en la denuncia, las acusaciones son por delitos contra el ambiente y defraudación fiscal agudiza hoy las ya tensas relaciones con el Gobierno de la nación istmeña.
El recurso legal, impulsado por el abogado Roberto Ruiz, sustenta que la compañía sigue explotando recursos naturales en el distrito de Donoso, provincia de Colón; más allá de que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato respaldado por el Estado desde el 21 de diciembre de 2017. Sin embargo, en las últimas horas se confirmo que el Ministerio de Ambiente, Diana Laguna, ha aplicado más de siete sanciones a Minera Panamá.
“Todavía está la negociación en el tema minero. El impacto en el tema ambiental lo que les puedo decir es que nosotros nos mantenemos firmes en cuales eran nuestros propósitos en la normativa, en nuestros acuerdos en la cantidad de superficie que nosotros vamos a presentar para que se desarrolle la actividad, no vamos a cambiar, nos mantenemos en la propuesta inicial y es con la que vamos a concluir en esta negociación”, resaltó la ingeniera Laguna a los medios locales.
Sin embargo, recientemente el gobierno estableció en un comunicado que: “Hay más que pocos desacuerdos pendientes entre Panamá y Minera Panamá. Las partes discrepan en ciertos temas fundamentales como regalías, deducciones por agotamiento, medidas internacionales para mitigar la evasión de impuestos, Itbms, alcance de las servidumbres, incumplimiento sustancial, terminación y otros. De hecho, las propuestas de contrato de Minera Panamá presentadas más recientemente han distanciado aún más a las dos partes”.
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Por otro lado, se estableció que que la filial canadiense First Quantum tiene bajo su operación a la mayor mina de cobre a cielo abierto en América Central. Por la cual no ha pagado los impuestos correspondientes. Es así que el pasado 19 de diciembre de 2022, el Gobierno ordenó a Minera Panamá elaborar un plan para el cuidado y mantenimiento de la mina, lo que equivale al cierre de operaciones comerciales.
Sin embargo, luego de un conversatorio con la prensa extranjera, el ministro de Comercio e Industria, Federico Alfaro, aseguró que el Poder Ejecutivo está evaluando todas las opciones en caso de que las negociaciones fracasen, mientras están en curso. Considerando que pretenden que la compañía continúe operando, incluida la concesión a otra empresa, sin dar más detalles.
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Como así también Alfaro aseguró que aún existen brechas significativas en el contrato por firmar respecto a temas económicos y legales, además que en particular le preocupa que de darse una disminución del precio del cobre, la minera no cumpla con las regalías de 375 millones de dólares anuales.
Sin embargo, ante la situación la diputada por el circuito 8-6 San Miguelito, Zulay Rodríguez señaló: “Desde el 2017, Minera Panamá viene operando ilegalmente en nuestro territorio, facturando miles de millones con la explotación de oro y cobre y pagando una miseria al Estado”. Ante esto, añadió: “Ahora, estos señores quieren que el país los indemnice con 10 mil millones de dólares y para colmo dicen que comenzarán a pagar a partir del 2026. Según estadísticas oficiales, desde 2019 Minera Panamá produce al año unas 300 mil toneladas de concentrado de cobre a cielo abierto, las cuales representan el 75 por ciento de las exportaciones del istmo y casi el 4,0 por ciento del Producto Interno Bruto”.
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Cabe señalar que, las diferencias con el Gobierno iniciaron en 2017, luego de que la Corte Suprema de Justicia de Panamá declarara inconstitucional el contrato de concesión de la mina. Posteriormente, en diciembre pasado , el Poder Ejecutivo ordenó el cese de las operaciones comerciales de la empresa por incumplir los compromisos acordados hace un año.
