13/09/2023
Tras los allanamientos al TSE, el Presidente electo reclamó las renuncias del fiscal Rafael Curruchiche, la titular del Ministerio Público, Consuelo Porras y el Juez Fredy Orellana.
El Ministerio Público de Guatemala continúa con su ataque en contra del proceso electoral que consagró ganador al candidato del Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo, y en esta oportunidad, ordenó la apertura de las cajas con los votos de la jornada electoral del 25 de junio, a pesar del rechazo manifiesto del Tribunal Supremo Electoral que calificó el accionar de "ilegal".
Solamente horas después que el Presidente electo hubiera pedido frente al mandatario saliente, Alejandro Giammatei, y frente al secretario general de la OEA, José Luis Almagro, "el cese" de la persecución en contra de su partido, el Ministerio Público bajo el mando de María Consuelo Porras y con una orden del juez Fredy Orellana allanó la sede del Tribunal Supremo Electoral del país centroamericano, para abrir más de 100 cajas con papeletas electorales y realizar el correspondiente recuento de votos.
Se trata de una decisión inédita en casi 50 años de democracia que lleva el país. En las últimas horas, la misma Organización de los Estados Americanos expresó su "profunda preocupación" por las acciones encabezadas desde el Ministerio Público Fiscal contra la integridad del material electoral de Guatemala.
En su comunicado compartido a través de su cuenta de X, antes Twitter, el organismo advierte que estas acciones comprueban "la estrategia de cuestionamiento al proceso electoral y la intimidación de autoridades electorales , al personal electoral y miles de personas que con enorme compromiso cívico, llevaron adelante dos jornadas de votación pacíficas y transparentes". Además, la OEA advirtió que hará lo necesario para que "se respete la voluntad popular expresada en las urnas".
El cuestionado fiscal Rafael Curruchiche justificó los allanamientos y detalló que son en el marco de una investigación por supuestas "anomalías" en las elecciones de junio. Sin embargo, según lo expresado oportunamente por el TSE, de acuerdo a lo que marca la ley guatemalteca, el único organismo autorizado para abrir las urnas es el Tribunal Supremo y no el Ministerio Público fiscal.
El funcionario de la Justicia se encuentra bajo el ojo de la tormenta no solamente por liderar la embestida contra Arévalo de León sino porque además, sobre él pesa una sanción de los Estados Unidos por corrupción y socavamiento de la justicia, desde el año pasado.
La democracia en Guatemala está bajo ataque, y más allá del compromiso de Giammatei, el mandatario saliente, que prometió "dejar su vida" para que Arévalo asuma, lo cierto es que cada acción del Ministerio Público pone más dudas sobre si finalmente se respetará la voluntad popular de los guatemaltecos expresada en las urnas y Arévalo podrá ser investido como Presidente de la República en enero próximo.
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