Argentina: multinacionales tabacaleras hunden los precios para quedarse con todo el mercado

La reciente aprobación de la "Ley Massalin 3", que aumentó el impuesto al cigarrillo del 70% al 73%, ha desencadenado una serie de eventos preocupantes para la economía y la salud pública en Argentina. Las grandes tabacaleras, Massalin (Philip Morris) y British American Tobacco (BAT), han respondido a la nueva legislación reduciendo drásticamente los precios de sus productos, con el objetivo de monopolizar el mercado y eliminar la competencia. Esta estrategia resultará una caída significativa en la recaudación de impuestos, afectando negativamente las subvenciones a los productores tabacaleros, los fondos de la ANSES y los recursos del Ministerio de Salud, que ahora enfrenta mayores gastos debido al aumento del consumo de tabaco.

La situación ha generado un fuerte descontento en el poder ejecutivo, que considera esta maniobra una manipulación y está evaluando la posibilidad de aumentar el impuesto al cigarrillo hasta un 75%. Desde la Cámara de Tabacaleras PYME (UNTAPYA), se considera esta situación como un engaño planeado, en el que las provincias tabacaleras, el congreso, la justicia y diversos actores políticos y económicos han actuado en coordinación con las grandes tabacaleras para derogar el impuesto mínimo y favorecer sus propios intereses.

Desde el sector tabacalero denuncian que la nueva ley apunta a "eliminar" a la competencia de las grandes tabacaleras del mercado.

Durante los seis meses de discusión sobre la Ley del Tabaco, se argumentaba que la derogación de la ley anterior era esencial para aumentar la recaudación, equilibrar el mercado, reducir el consumo y contribuir más al sistema de salud, que enfrenta más de 45,000 muertes anuales por enfermedades relacionadas con el tabaquismo. Sin embargo, el informe de la Consultora ABECEB, dirigido por el exministro de Producción y Trabajo Dante Sica (mentor junto a Sturzenegger de la Ley Massalin 3), que prometía un aumento recaudatorio de 315 millones de USD este año y 1,400 millones de USD entre 2025 y 2026, ha resultado ser contraproducente según UNTAPYA "siendo bien pensado, los legisladores al menos han caído en el ridículo".

La reducción de precios por parte de Massalin y BAT ha revelado los verdaderos intereses detrás de la derogación del impuesto mínimo, causando una disminución en la recaudación de AFIP, menores ayudas al campo y una desfinanciación del sistema de salud pública. Las PYMES tabacaleras nacionales se ven obligadas a aumentar sus precios para hacer frente al incremento de impuestos y sobrevivir sin el respaldo de casas matrices que financien sus pérdidas operativas. En un mercado donde no se permite el marketing ni la publicidad y la calidad de las marcas caras y económicas, es similar; estas medidas ponen en desventaja a las empresas nacionales frente a las multinacionales, perjudicando las arcas públicas y beneficiando a los intereses extranjeros