20/03/2025
La Paz y El Alto se paralizan por las protestas de indígenas y choferes que exigen combustible y dólares, mientras la crisis económica desafía al gobierno de Luis Arce.
Con foco en las ciudades de La Paz y El Alto, miles de personas salieron a las calles para exigir soluciones al gobierno de Luis Arce, quien enfrenta una crisis económica que pone en jaque la estabilidad del país. Las manifestaciones, lideradas por sectores como indígenas, choferes y ciudadanos de a pie, reflejan el hartazgo ante la falta de carburantes y el encarecimiento de la vida cotidiana.
En La Paz, la sede del gobierno boliviano, dos grupos destacados protagonizaron las movilizaciones. Por un lado, indígenas aymaras, vestidos con ponchos rojos y sombreros negros, rodearon la Plaza de Armas, cerca del palacio presidencial, cuya entrada fue resguardada por policías antimotines. Por otro, los choferes, afectados directamente por la falta de combustible, marcharon desde El Alto hasta el centro paceño, sumándose a cientos de vecinos que bloquearon calles principales. "La falta de combustibles nos perjudica bastante en el campo", señaló Leonardo Quispe, líder indígena, quien advirtió que las protestas podrían intensificarse si no hay respuestas concretas.
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La escasez de combustible, especialmente de diésel y gasolina, ha alcanzado niveles críticos. Según la Defensoría del Pueblo, el 66% de las estaciones de servicio del país carecían de combustible esta semana, y en las pocas que aún tienen existencias, las filas pueden extenderse entre 4 y 24 horas. Esta situación ha llevado al gobierno a implementar medidas como clases virtuales en las escuelas y la reducción del transporte público, buscando aliviar la demanda de carburantes. Sin embargo, estas acciones no han calmado el descontento, que se agrava por la inflación más alta en 16 años: un 12,03% interanual hasta enero, según datos oficiales.
La crisis económica en Bolivia se ha agravado en el último tiempo, a meses de las elecciones presidenciales que definirán al sucesor de Luis Arce.
El trasfondo de la crisis es económico y estructural. Bolivia depende en gran medida de la importación de combustible, pero la falta de dólares ha limitado su capacidad para adquirirlos en el mercado internacional. Las reservas internacionales líquidas del país están casi agotadas tras una caída sostenida desde 2023, lo que complica aún más el panorama. A esto se suma el alza de los precios internacionales del combustible desde 2022, un factor que el gobierno no ha podido contrarrestar. La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, admitió que el gasto público en carburantes se duplicó en los últimos cinco años, pasando de 1.500 millones de dólares en 2019 a cifras mucho más altas en la actualidad.
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El presidente Arce ha intentado responder a la situación con promesas de mayor importación de combustibles y medidas para estabilizar la economía, pero las críticas no cesan. Sectores como los transportistas y los productores agroindustriales, esenciales para la seguridad alimentaria, exigen una dotación prioritaria de diésel, mientras el gobierno asegura que está trabajando en ello. Sin embargo, la paciencia de la población se agota. "Esto viene desde mucho tiempo atrás, se le ha dado al gobierno suficiente tiempo para que pueda dar soluciones", afirmó Luis Chávez, líder de los choferes, en declaraciones a la prensa.
La tensión en La Paz y otras ciudades no muestra signos de disminuir. Las protestas han colapsado el tráfico y afectado la actividad diaria, mientras los manifestantes advierten con endurecer sus medidas si no hay avances. Bolivia, un país que alguna vez fue un referente energético en la región, enfrenta ahora un desafío que combina problemas económicos, logísticos y sociales, poniendo a prueba la capacidad de su gobierno para encontrar salidas efectivas.
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