Dina Boluarte propone pena de muerte ante crisis de seguridad en Perú

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, volvió a plantear este lunes la posibilidad de instaurar la pena de muerte como medida para combatir la inseguridad en el país. "A estos malditos asesinos, les digo que estoy pensando seriamente en la pena de muerte", afirmó.

La mandataria expresó que no permitirá que sicarios y extorsionadores sigan causando víctimas entre familias, emprendedores y ciudadanos que buscan un futuro con su esfuerzo. Esta no es la primera vez que Boluarte menciona esta idea; en diciembre de 2024, tras el asesinato de una niña, ya había hablado de aplicarla a delitos graves.

Implementar la pena de muerte en Perú requiere superar varios obstáculos legales. La Constitución solo la permite para traición a la patria en tiempos de guerra y terrorismo. Ampliar su uso implicaría reformar tanto la Constitución como el Código Penal, además de que el país tendría que retirarse del Pacto de San José, un acuerdo internacional que restringe esta pena. Boluarte necesitaría también el respaldo del Congreso, donde no cuenta con una bancada propia. Esto ha dificultado la aprobación de otras iniciativas de su gobierno, y la falta de apoyo legislativo podría frenar esta propuesta.

Perú atraviesa una fuerte crisis de seguridad que ha puesto sobre la mesa el debate sobre la instauración de la pena capital en el país.

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Tras sus declaraciones, el Consejo de Ministros aprobó el estado de emergencia en las provincias de Lima y Callao, autorizando a las Fuerzas Armadas a apoyar a la Policía Nacional en las calles. Esta medida responde a una crisis de seguridad que afecta al país, con denuncias de extorsiones a colegios públicos y gremios de transportistas. En septiembre de 2024, estos últimos paralizaron actividades y marcharon al Congreso para exigir respuestas, lo que llevó a declarar el estado de emergencia en varias zonas. Boluarte insistió en que "no vamos a permitir un muerto más" y llamó a proteger a la ciudadanía de la delincuencia.

La gestión de la seguridad ha sido un punto débil para la presidenta. En el Congreso, dos mociones buscan censurar al ministro del Interior por la falta de resultados frente a la violencia y las extorsiones. El ministro anunció en el canal Willax que asistirá al Parlamento si es convocado para explicar las acciones de su sector. La oposición critica que las políticas del gobierno no han detenido el aumento de la criminalidad, un desafío que pone a prueba la liderazgo de Boluarte.

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El contexto de estas declaraciones es el asesinato de Paul Hambert Flores García, cantante de la banda de cumbia Armonía 10, ocurrido el domingo 16 de marzo. Según documentación policial obtenida por CNN, Flores García murió tras recibir un disparo mientras viajaba en el autobús del grupo en Lima. Los atacantes, desde una motocicleta, dispararon contra el vehículo; tres proyectiles impactaron el lado derecho y uno alcanzó al vocalista, quien llegó al hospital con un paro cardiorrespiratorio. El Ministerio del Interior calificó el hecho como un atentado y desplegó a la Policía Nacional para identificar a los responsables. Hasta ahora, no hay avances reportados, aunque se solicitaron grabaciones de cámaras de videovigilancia. Este crimen ha intensificado el debate sobre la seguridad y dado impulso a las palabras de Boluarte.