Donald Trump arrancó con la motosierra: ofreció 8 meses de indemnización a los empleados federales que renuncien

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ofreció una indemnización de hasta 8 meses de salarios a todos los funcionarios federales que renuncien a su cargo antes del 6 de febrero, en vistas de disminuir el gasto y lograr un ahorro que podría alcanzar hasta los 100.000 millones de dólares.

Con el foco puesto en achicar el gasto público, desde la administración Trump esperan que tras la oferta realizada al menos un 10% de la plantilla de funcionarios federales presente su renuncia lo que, a pesar del entusiasmo gubernamental, ha despertado la preocupación en distintos sectores acerca de cómo continuará el funcionamiento del Gobierno federal con alrededor de 200 mil funcionarios menos.

La plantilla actual de funcionarios ronda los 2 millones. El Gobierno de Donald Trump aspira a recortar ese número en al menos un 10%.

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Al mejor estilo de Javier Milei en Argentina, la "motosierra" de Donald Trump sobre el sector público busca reducir los 6,4 puntos de déficit fiscal heredados de la administración Biden. Este registro es uno de los más altos de la historia del país.

Sin embargo, la oferta realizada por la administración republicana no fue bien recibida por el la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales (AFGE), desde donde advirtieron por consecuencias "caóticas" si se produce una cesantía masiva de funcionarios públicos en el país.

El republicano afronta un déficit de más de 6 puntos del PBI heredados por la administración Biden.

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"La cantidad de funcionarios públicos no ha cambiado significativamente desde 1970, pero ahora hay más estadounidenses que dependen de los servicios gubernamentales. Purgar al gobierno federal de funcionarios públicos de carrera dedicados tendrá consecuencias enormes e imprevistas que causarán caos para los estadounidenses que dependen de un gobierno federal que funcione", señaló el presidente nacional de AFGE, Everett Kelley.

Sin embargo, el recorte no alcanzaría en una primera instancia al personal militar, a los componentes del Servicio Postal y a quienes trabajan en la aplicación de la ley de inmigración o en la seguridad nacional, lo que deja entrever cuáles serán las prioridades del mandatario que en plena campaña por la presidencia había prometido contratar hasta 10 mil agentes fronterizos adicionales.