El Ministerio Público de Guatemala pidió declarar "nulas" las elecciones que consagraron a Arévalo

En las últimas horas el Ministerio Público de Guatemala liderado por consuelo porras pidió la nulidad de los resultados de la segunda vuelta de las elecciones generales del 20 de agosto que proclamaron como ganador a Bernardo Arévalo.

A poco más de un mes de la jura de Arévalo como presidente electo de Guatemala, la Fiscalía General de la Nación redobló su ofensiva para entorpecer la llegada al poder del dirigente socialdemócrata y declaro como "nulas" las actas de las jornada electoral, por lo que procedió a declarar como "no válido"el resultado del balotaje del 20 de agosto. "No se utilizaron los formatos que el TSE (Tribunal Supremo Electoral) estableció en los documentos de las actas 4 y de esa cuenta todos los resultados de las elecciones generales 2023 son nulos", manifestó Leonor Morales, fiscal adjunta de Guatemala.

Esta nueva disposición impulsada por el Ministerio Público guatemalteco se suma a la solicitud de retiro de inmunidad del binomio presidencial electo (Bernardo Arévalo - Karin Herrera), y de los magistrados miembros del Tribunal Supremo Electoral realizada semanas atrás por el organismo comandado por Porras.

La presión por parte del Ministerio Público ya no es solo sobre el principal dirigente del Movimiento Semilla, sino también sobre los integrantes del Tribunal Supremo Electoral que, a pesar de lo señalado por la Fiscalía General declaró como "inalterables" los resultados de la jornada del 20 de agosto, además de que la Presidenta de ese cuerpo, Blanca Alfaro, alegó la "Imposibilidad" de repetir las elecciones presidenciales.

Por otro lado, la Organización de los Estados Americanos calificó al hecho como un "golpe de Estado", y a través de un documento solicitó al Tribunal Constitucional, a la Corte Suprema de Justicia y al Congreso que actúen contra los "autores de este atentado" para "defender las instituciones y el orden constitucional".

"Las acciones y dichos de los fiscales Rafael Curruchiche y Leonor Morales constituyen una alteración del orden constitucional del país, un quebrantamiento del Estado de Derecho y una violación de los Derechos Humanos de la población de su país", expresó el organismo en su comunicado.