30/01/2024
Luego de que se confirmara la inhabilitación contra María Corina Machado para competir en las elecciones, el Gobierno de Joe Biden reestableció las sanciones contra las exportaciones de petróleo y gas del país caribeño.
Luego del fallo del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que ratificó la inhabilitación contra María Corina Machado para competir en las elecciones presidenciales del segundo semestre, el Gobierno de los Estados Unidos anunció que volverá a aplicar sanciones a la exportación de petróleo y gas venezolano, suspendidas desde la firma de los acuerdos de Barbados.
Una de las primeras medidas tomadas desde Washington DC, tras conocerse la ratificación de la inhabilitación contra Machado, fue la orden de "cerrar transacciones" a todas las empresas estadounidenses que negocien con la compañía estatal minera de Caracas, Minerven. De acuerdo a lo expresado por el Gobierno de Joe Biden el restablecimiento de las sanciones contra Venezuela se debe a "la falta de avances" entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD), de cara a los comicios presidenciales del segundo semestre.
En ese sentido, el Portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, manifestó: "Las acciones de Nicolás Maduro y sus representantes en Venezuela, incluido el arresto de miembros de la oposición democrática y la prohibición de que candidatos compitan en las elecciones presidenciales de este año, son inconsistentes con los acuerdos firmados en Barbados".
De esta manera, desde abril Estados Unidos no renovará las licencias otorgadas para la explotación de petróleo y gas que habían sido suspendidas con la condición de que el país sudamericano liberara a los presos políticos y ofreciera garantías estables para la celebración de elecciones libres.
En este punto, cabe mencionar que el Tribunal Supremo de Justicia venezolano, además de confirmar la inhabilitación contra Machado también lo hizo contra el dos veces candidato presidencial, Henrique Capriles.
Machado había sido inhabilitada por la Contraloría General del País para postularse a cargos de elección popular durante un plazo de 15 años.
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