Masacre en Ecuador: 15 presos muertos durante un enfrentamiento carcelario

A través de un comunicado, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) reportó que el Bloque de Seguridad, compuesto por la Policía, las Fuerzas Armadas y los ministerios de Interior y Defensa, recuperó el control del centro penitenciario tras el enfrentamiento entre los reos, del cual hasta el momento se desconocen los motivos.

La Penitenciaría del Litoral alberga cerca de 12 mil reclusos.

LEE MÁS: Diputada chilena acusada de abuso se autodenunció ante la Justicia

Las cárceles de Ecuador han sido el epicentro de la violencia en el país, a raíz de las disputas producidas entre bandas vinculadas al crimen organizado que pretenden quedarse con el control de los reclusorios.

De acuerdo con datos del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos del Ecuador (CDH), sólo entre el 2018 y el 2022, 591 cadáveres fueron encontrados dentro de las cárceles del país. En ese sentido, hasta la fecha, las masacres en las penitenciarías han dejado cerca de 600 muertos.

LEE MÁS: Karol G pidió perdón por su última canción, tras acusaciones por sexualizar a menores

Hasta el momento, cerca de 600 reos han muerto en masacres carcelarias en el país, desde 2018.

En medio del contexto violento en los reclusorios ecuatorianos, el presidente Daniel Noboa anunció que presentará una reforma parcial a la Constitución, en búsqueda de eliminar la categoría de grupos de atención prioritaria para las personas privadas de libertad. De acuerdo con el comunicado oficial, emitido la noche del 6 de noviembre de 2024 por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, esta iniciativa implica la modificación de los artículos 35 y 51 de la Constitución. La propuesta tiene como objetivo "un sentido de justicia e igualdad" en la distribución de recursos y atenciones estatales.

La propuesta de Noboa ya plantea serias preocupaciones en materia de derechos humanos y para algunos abogados y analistas puede ser calificada como una medida regresiva, contraviniendo tanto principios constitucionales como obligaciones internacionales asumidas por Ecuador.