Polémica: piden derogar el estado de excepción en Honduras por violaciones a los derechos humanos

Organizaciones de derechos humanos solicitaron la derogación del estado de excepción decretado por la presidenta hondureña Xiomara Castro en 2022 ante presuntos excesos cometidos por las fuerzas de seguridad del país centroamericano en el marco del combate contra la inseguridad.

Según lo denunciado por la directora de la ONG Asociación para una Ciudadanía Participativa, Hedme Castro, la medida tomada por la jefa de Estado hondureña ha sido ineficaz para combatir los homicidios y otros tipos de delitos, al tiempo que indicó que el uso prolongado de esta medida constituye una violación a los derechos humanos debido a que vulnera garantías constitucionales.

El estado de excepción dictado por Xiomara Castro que finaliza el próximo 5 de julio ha cosechado fuertes críticas de sectores opositores, organizaciones de derechos humanos y especialistas internacionales en la materia que manifestaron su "preocupación" por la extensión de la medida y por la participación de las fuerzas militares en tareas de seguridad interior.

Sólo durante el transcurso del año pasado, se registraron siete casos de desaparición forzada, cinco ejecuciones extrajudiciales, cuatro de tortura y tratos crueles, y uno de violencia sexual, en el marco de este régimen de excepción. Asimismo, desde que se implementó la medida el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) registró 440 denuncias contra policías y militares "por abusos", y al menos 60 masacres que dejaron el brutal saldo de 260 personas muertas.

Honduras no es el único país de la región en utilizar el estado de excepción como medida principal para combatir la criminalidad en el país. El vecino país de El Salvador, presidido por Nayib Bukele, ha utilizado desde el inicio de su "Guerra contra las pandillas" este mecanismo como principal herramienta para disminuir los hechos de violencia, mientras que, en la misma sintonía, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha hecho uso de la misma desde principio de este año, tras la declaración de "conflicto armado interno" en el país, para combatir los delitos vinculados con el crimen organizado.